Renunciar al futuro: el costo de asfixiar la soberanía nuclear argentina

Por Diego Zanotti

Actualmente, la red eléctrica nacional se sustenta en tres centrales de Nucleoeléctrica Argentina: Atucha I, Atucha II y Embalse. En conjunto, cubren entre el 7,35% y el 7,8% de la demanda del país con un suministro continuo, estable y limpio que evita la emisión de millones de toneladas de dióxido de carbono. Lejos de ser promesas a futuro, aportan previsibilidad al sistema desde 1974, garantizando una valiosa autonomía frente a las fluctuaciones climáticas y la importación de combustibles fósiles como el gas. Además, el sector demuestra su vigencia: Embalse extendió su vida útil por 30 años en 2019 y Atucha I ejecuta hoy un proyecto para operar dos décadas más. 

En el plano económico, este sector rompe con el mito de que «todo lo estatal es deficitario». Un claro ejemplo es la propia NASA, que mantiene un superávit financiero sostenido desde hace más de siete años. A pesar de esta notable viabilidad fiscal, el paquete accionario de la empresa que pertenece a distintos organismos del Estado nacional, entró en el radar de las privatizaciones bajo el marco de la Ley de Bases. La autorización para vender el 44% de estas acciones en una licitación pública implica el riesgo potencial de ceder a actores privados o extranjeros el control parcial sobre tecnología estratégica, vital para el desarrollo y la soberanía de nuestro territorio.

Esta soberanía e innovación que posiciona a Argentina en la vanguardia mundial es algo palpable. El país se destaca internacionalmente por proyectos de diseño y construcción como el CAREM-25, que es un pequeño reactor modular, y el reactor multipropósito RA-10 con un 80% de avance y clave para el suministro de radioisótopos medicinales. Esta capacidad exportadora de alto valor agregado tiene su máxima expresión en INVAP, firma que vende reactores de investigación y plantas nucleares a mercados hipercompetitivos como Australia, Argelia, Egipto y Arabia Saudita, demostrando que el país genera divisas creando tecnología en lugar de solo consumirla.

Sin embargo, este capital científico enfrenta una crisis inédita por las políticas de ajuste nacional. El presupuesto de la CNEA sufrió un recorte real del 43% para fines de 2025, hundiendo el financiamiento a su nivel más bajo desde 2010. Este estrangulamiento licuó los salarios en un 35%, provocando una "fuga de cerebros" de 50 especialistas mensuales. Las consecuencias materiales son absolutas: el CAREM-25 registró una ejecución de cero pesos sobre los 3.800 millones asignados, derivando en despidos, mientras que en Atucha la reducción drástica de personal de preservación dejó al edificio del reactor desprotegido ante inundaciones recurrentes.

Esta discontinuidad financiera fractura la cadena nacional de combustible nuclear y nos empuja a retroceder casilleros en autonomía. La Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) en Neuquén, la mayor productora mundial de este insumo, permanece inactiva por una deuda de 5.000 millones de pesos que mantiene la CNEA, lo que obliga al país a gastar valiosas divisas en importar un recurso que por ley debería abastecerse localmente. En sintonía, las obras de la nueva planta de Dioxitek en Formosa quedaron congeladas al 80% de avance, mientras que el reciente acuerdo con la firma norteamericana Nano Nuclear Energy redefine el modelo de negocios: en lugar de procesar dióxido de uranio para garantizar el autoabastecimiento de nuestras centrales, la planta se orientará a producir hexafluoruro de uranio para enriquecedores extranjeros. Se profundiza así un perfil de reprimarización, donde el país pasa de liderar la tecnología de punta a convertirse en un mero exportador de materia prima

En definitiva, queda demostrado que la cadena de valor nuclear no representa una carga fiscal, sino un activo estratégico e industrial insustituible. Desmantelar el sistema energético nuclear y sus distintas fases de la cadena de valor bajo la premisa del superávit fiscal, es una contradicción ya que no se traduce en eficiencia, sino en pérdida de conocimiento, destrucción de empleo calificado y eliminación de potenciales exportaciones. Por lo tanto, es imperioso revertir la asfixia presupuestaria que lejos de producir ahorros reales para las cuentas públicas, se destruye un entramado que costó años construir y que aporta altas tasas de valor agregado, autosuficiencia y tecnología de punta. Potenciar y defender estas capacidades científico-tecnológicas requiere un rol activo y planificador por parte del Estado nacional; sólo recuperando esa visión de largo plazo la Argentina podrá resguardar su autonomía energética y tecnológica en un mundo inestable caracterizado por la multipolaridad.