RIGI y "Super RIGI": El laberinto extractivista

Por DIego Zanotti

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y su extensión, el “Super RIGI”, están reconfigurando el esquema productivo del país al cambiar las reglas de juego para las inversiones. Al beneficiar a sectores específicos de la economía, estas leyes actúan como incentivos para acentuar la asimetría y la velocidad con la que se desarrollan las diferentes industrias en esta nueva matriz productiva. Mientras que el RIGI otorga flexibilizaciones impositivas, aduaneras, entre otras, a áreas como la energía, minería, infraestructura, forestoindustria, turismo, siderurgia y actividades relacionadas al petróleo y gas, el “Super RIGI” prevé incluir a sectores relacionados con la inteligencia artificial, semiconductores y biotecnología. Todos estos sectores comparten una característica fundamental: son intensivos en capital pero no en mano de obra, lo que termina por consolidar el rol del país como un proveedor subordinado de materias primas frente al mercado global.

Estas dos flexibilizaciones para el ecosistema de inversiones de más de 200 millones de dólares institucionalizan una competencia desleal entre la industria nacional y la extranjera, desmantelando el entramado productivo de las pymes nacionales que ya sufre importantes retrocesos. El sector local está atado a condiciones macroeconómicas inestables —caracterizadas por una alta presión impositiva, falta de financiamiento y regulaciones estrictas—, a diferencia de los proyectos que se incorporan a estos regímenes especiales. Con normativas paralelas que terminan premiando la importación de tecnología y castigando la inversión en la estructura manufacturera nacional, este nuevo marco les garantiza una arquitectura jurídica estable y una previsibilidad de 20 a 30 años para asegurar sus capitales; algo muy poco visto en la Argentina reciente.

Los incentivos a industrializar son nulos: ¿por qué se construirán plantas para generar valor en origen, si la normativa permite exportar la materia prima sin pagar impuestos? Esto rompe con el argumento oficialista de que estos regímenes generan industrias de alta complejidad junto con empleo calificado; por el contrario, la economía se sigue reprimarizando sumado a la precarización de las condiciones de trabajo y la merma de los salarios. Además, los incentivos van a contramano de estrategias regionales como la de Brasil, allí los regímenes de desarrollo industrial tienen carácter general, incentivando las inversiones y el encadenamiento con su entramado productivo nacional.

Los procesos de industrialización exitosos requieren un tejido institucional que conecte las grandes inversiones con los proveedores locales; por lo tanto, esta falta de encadenamiento no es una falla imprevista. El RIGI quiebra esta posibilidad mediante una serie de dibujos contables, como la cuota obligatoria del 20% de contratación local. Al englobar indistintamente la provisión de tecnología avanzada con servicios básicos como catering, seguridad o transporte, las corporaciones extranjeras cumplen la ley contratando prestaciones secundarias mientras importan toda la maquinaria con arancel cero. El resultado es una desindustrialización pasiva: mientras los enclaves donde se asientan los proyectos prosperan, la industria metalúrgica y manufacturera nacional sufre cierres masivos ante la imposibilidad de competir con la tecnología importada bajo franquicias.

Toda esta ingeniería jurídica, lejos de fortalecer la macroeconomía, abre el camino hacia las ya conocidas crisis por escasez de divisas y corridas cambiarias. Al otorgar la libre disponibilidad y el giro de divisas al exterior, ambos regímenes permiten la salida abrupta de grandes sumas de dólares sin estar atadas a ninguna inversión que derrame valor en el aparato productivo local. A esto se suma otra arista: la fuga de recursos estratégicos fundamentales para la transición tecnológica y el desarrollo general del país. En lugar de utilizar estos recursos como insumos para fortalecer la industria nacional —generando divisas genuinas y empleos de calidad—, el diseño institucional actual resigna el control sobre lo que es de los argentinos.

Todo esto da como resultado un país imbuido en una lógica extractivista, donde se protege a sectores que no generan grandes cuotas de valor y se deja a la deriva a un entramado productivo nacional que arrastra problemas estructurales históricos. La falta de competitividad de la industria local, profundizada por el propio régimen, termina funcionando como un argumento circular para seguir destruyéndola. Por todo esto, es necesario que el Estado deje de generar regímenes de excepción de carácter extractivo; el desafío estructural exige simplificar y fortalecer el régimen general para encauzar estratégicamente las inversiones, liberar el verdadero potencial de la industria argentina y transformarla en el auténtico motor de crecimiento y desarrollo del país.