Milei firma el proyecto de Reforma Laboral y presiona al Congreso para tratarlo antes de fin de año

El presidente Javier Milei, inmediatamente después de su regreso al país tras un viaje a Noruega, cumplió con uno de los pasos más importantes de su agenda legislativa: firmó el proyecto de reforma laboral. Con esta rúbrica, el Gobierno busca presionar al Congreso Nacional para que la iniciativa sea tratada y aprobada antes de finalizar el año, a través de las sesiones extraordinarias que se llevarán a cabo entre el 10 y el 30 de diciembre. El mandatario, que viajó a Oslo para apoyar a la dirigente venezolana María Corina Machado, mostró su compromiso con la reforma al expresar su deseo de avanzar con cambios en el mercado de trabajo para lograr "más crecimiento, más prosperidad, por más trabajo para que la Argentina sea grande nuevamente".

Desde la Casa Rosada se han emitido aclaraciones fundamentales respecto al alcance de la reforma, principalmente para calmar las aguas con el sector sindical. Fuentes oficiales aseguraron que el proyecto no introduce grandes cambios en el rol de los sindicatos y, crucialmente, descartaron la inclusión de la limitación al pago de la cuota solidaria sindical. Esta medida había generado fuerte polémica por el impacto que tendría en la recaudación de los gremios. "El foco está en la creación de empleo", remarcaron desde el entorno presidencial, buscando enviar una señal de que la reforma no es primariamente antisindical sino pro-empleo.

Entre los puntos más destacados y concretos del proyecto, se establece que el convenio por empresa tendrá prioridad sobre el convenio por actividad. Sin embargo, para evitar conflictos legales y sindicales, esta prioridad está condicionada a que los acuerdos sean firmados por el sindicato que posea la personería gremial. Este punto es un cambio significativo en la dinámica de las relaciones laborales. Además, el texto incorpora la tipificación de la organización de bloqueos o tomas de establecimientos como una infracción. Esta medida, sensible para el sector empresario, busca limitar las protestas que paralizan la producción y el comercio, y representa una herramienta clave para la agenda de orden del Gobierno. El Ejecutivo espera que, al excluir medidas que afecten la recaudación sindical, se pueda facilitar el debate y obtener la aprobación legislativa de estos puntos centrales.