Impulsores de la norma advierten que sería un duro revés para miles de consumidores
Organizaciones impulsoras de la ley número 27.521 de Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (Suniti), más conocida como “Ley de Talles”, están en alerta ante su posible derogación. Las alarmas se encendieron cuando la norma fue mencionada dentro del paquete de disposiciones que serían derogadas por el gobierno nacional.
Y además figura en la Resolución 51/2024 del Boletín Oficial dispuesta por el secretario de Comercio Pablo Lavigne para profundizar “la libertad de mercados, impulsando la interacción espontánea de la oferta y de la demanda como modo de ordenamiento y reactivación de la economía”. No obstante ello, en el anexo específico no figura ninguna resolución ni disposición complementaria que acredite que la Ley de Talles perdió su vigencia, y tampoco figuraba en la ya caída Ley Ómnibus.
Al respecto, la organización AnyBody Argentina, impulsora del Suniti, manifestó su preocupación por su mención. “Estamos en un gris. Queremos saber qué pasará. Sería muy doloroso que vuelva todo para atrás. Fueron 10 años de lucha”, afirmó en declaraciones al diario La Voz del Interior, Mercedes Estruch, presidenta de esa ONG.
La Ley de Talles se aprobó hace cuatro años, pero AnyBody y demás organismos impulsores, venían trabajando para lograr implementarla por completo este año, y esta medida –consideró Estruch– “es un revés para todo el trayecto realizado”. Sobre todo porque es una norma “demandada por la sociedad”, y que “colabora con la salud de las personas”.
La ley de talles en Córdoba nunca fue implementada, pero crecen las marcas que se anticipan y la aplican por su cuenta. Estruch dijo que, junto a otras organizaciones, armarán un plan de difusión en base a lo que se está desarrollando y analizarán qué tipo de acciones tomar. “Si se deroga seguiremos luchando como organización de la sociedad civil porque el problema no va a dejar de existir sino, todo lo contrario, va a recrudecer”, apuntó.
A la vez, Mato remarcó que el nuevo gobierno no convocó al Consejo Consultivo ni al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) para discutir el tema. Este último es el que regula la norma, “pero probablemente sea un organismo que desaparezca también”, lamentó.
El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario notificó la sanción disciplinaria a los agentes por su responsabilidad administrativa en los hechos de agosto de 2020. La medida se hizo efectiva a pesar de que los efectivos habían sido sobreseídos en la causa judicial.
2026-07-28 20:19:47