Luego de un sostenido incremento de denuncias por fraudes e incumplimientos, Córdoba actualiza los registros obligatorios para empresas constructoras y agencias de vehículos, priorizando el control preventivo.
Ante el crecimiento de denuncias por estafas, incumplimientos contractuales y sistemas de financiación irregulares en la venta de viviendas prefabricadas y vehículos usados, el Gobierno de Córdoba anunció un conjunto de medidas para reforzar el marco de protección al consumidor en toda la provincia. Las normativas, publicadas en el Boletín Oficial, tienen como objetivo central brindar mayor transparencia en dos sectores que manejan operaciones de alto valor y que históricamente han concentrado casos de fraude y publicidad engañosa.
Las resoluciones, implementadas a través del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Científico Tecnológica y la Dirección General de Defensa del Consumidor, modernizan y actualizan dos registros clave: el Registro de Empresas Constructoras de Viviendas Industrializadas (RECVI) y el Registro de Agencias de Vehículos Usados – Compra Segura (RAVUCS). Según el ministro Pedro Dellarossa, la Provincia busca avanzar hacia un esquema de control preventivo, que permitirá revisar contratos, publicidades y documentación antes de que las empresas operen en el mercado. "La provincia está dando un paso fundamental para equilibrar la relación entre proveedores y consumidores. Nuestro objetivo es claro: garantizar transacciones seguras y transparentes", afirmó.
En el caso del RECVI (Resolución N° 101/2025), se exige la inscripción obligatoria en un plazo de 30 días para todas las empresas que comercialicen o construyan viviendas industrializadas o sistemas no tradicionales en Córdoba. Las empresas deberán presentar información de solvencia, calidad y, fundamentalmente, toda la documentación de vinculación con los consumidores (contratos, publicidades, etc.). La Dirección General revisará que estos documentos cumplan estrictamente con la Ley N° 24.240 y podrá negar la inscripción si detecta cláusulas abusivas. El registro será público para que el consumidor pueda verificar la inscripción antes de contratar, y las empresas no inscriptas serán pasibles de sanciones.
De manera similar, el RAVUCS (Resolución N° 102/2025) exige la inscripción obligatoria, dentro de los 90 días, a todas las agencias que se dediquen a la venta de vehículos usados. El Director General de Defensa del Consumidor, Dr. Javier Arroyo, destacó: "Dejamos de ser solo un organismo de respuesta al reclamo para convertirnos en un organismo de prevención activa. Al revisar y poder objetar la documentación de las empresas antes de que operen, estamos protegiendo el patrimonio de las familias cordobesas”. Complementando estas acciones, se oficializó la creación del Consejo Provincial de Defensa del Consumidor (CO.PRO.DE.CO.), un espacio de articulación interinstitucional para unificar criterios y fortalecer la educación en derechos, sin generar costos adicionales.
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