Piqueteros imputados por extorsión cobraban planes sociales

Se dio a conocer que diecinueve de los veintiocho acusados que pertenecen al Polo Obrero, Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) cobran un plan social por parte del Estado Nacional. Los mismos se encuentran imputados en la causa por la presunta extorsión contra los sectores más pobres de la Argentina.

Esta información surge por la indagatoria, allanamientos y detenciones por parte del fiscal federal Gerardo Pollicita le realizó al juez Sebastián Casanello. La Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anticipó que “los vamos a dar de baja de inmediato”.

Jeremías Cantero es uno de los principales involucrado, es integrante de la conducción nacional del Polo Obrero, fue funcionario del ex Ministerio de Desarrollo Social, este dirigente de izquierda cobraba entre medio millón y más de ochocientos mil pesos, como integrante de la Cartera Social, mientras Eduardo Belliboni, líder del Partido Obrero, se manifestaba frente al edificio del histórico edificio de 9 de Julio y Moreno, para solicitar alimentos y más planes sociales.

De acuerdo a los registros de la ANSES, Cantero ingresó a la Secretaría Nacional de Niñez en enero de 2020 y continuó cobrando del Estado hasta el mes de abril de 2024, es decir, hasta ocho meses antes que el Gobierno de Alberto Fernández culminara su mandato.

Los honorarios del líder piquetero varía entre los $535.122 y los $852.946, todo de acuerdo a las “horas extras” que realizaba el piquetero acusado por el fiscal Pollicita estar en “un escalón superior a los referentes de cada comedor”. Cantero coordinaba el funcionamiento de varios comedores en la Ciudad de Buenos Aires y desde esa posición tomaba decisiones acerca de las exigencias coactivas y extorsivas a las víctimas.

De acuerdo a lo expresado por el fiscal Pollicita actuaron “como representantes de organizaciones sociales, habrían exigido a los beneficiarios de planes sociales la participación en marchas y manifestaciones públicas o la entrega de una porción del dinero percibido por dichos planes, bajo la advertencia expresa de ‘dar de baja el plan’ en caso de no asistir a las mismas o no entregar el dinero”.

 “Imputados beneficiarios de planes sociales”, es el título de los cuadros elaborados por el fiscal. En cada uno de los casilleros, Pollicita describe que programa cobraba -todos eran beneficiarios del Potenciar Trabajo-, cuando fue el último “cobro”, la mayoría entre enero y febrero pasado -la causa se inició en el segundo mes del año- y el monto que recibían. Todos $78.000, que era el haber de ese momento, y que correspondía al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil.

Además, alguno de ellos percibían “adicionales” como Plan Nexo que recibían los beneficiarios por prestar servicios por más de 4 horas diarias o a través del “monotributo social”. En febrero alguno de ellos cobraba casi $200.000, una cifra ligeramente superior al Salaria Mínimo Vital y Móvil que en febrero era de $156.000.

Los imputados que cobraban beneficios por parte del Estado, por vivir en un supuesto estado de vulnerabilidad, igual que sus víctimas eran: Gustavo Guillermo Vásquez, Gianna Puppo, María Cecilia Cowper, Dina Patricia Iramain, Cynthia Delgado Vilches, Leslie Salirrosas Castillo, Damaris Erika Villafuerte, Gloria Paraguay Estrada, Rosmery Grande Arancibia, Elizabeth Mamani, Ada Mabel Vera Peralta, Nery Acha Daza, Leticia Maribel Duarte Romero, Gloria Santa Jaramillo Morales, Blanca.