En medio del fuerte cruce político entre el Gobierno provincial y la mayoría juecista del Tribunal de Cuentas por la compra de drones para la Policía, el organismo anunció la apertura de una oficina en Caminos de las Sierras para auditar los movimientos de la empresa estatal.
El conflicto entre el Gobierno de Córdoba y la mayoría del Tribunal de Cuentas sumó un nuevo capítulo este lunes, cuando se confirmó que el organismo de control abrirá una delegación en la sede de Caminos de las Sierras SA. La medida tiene como objetivo auditar de manera directa los movimientos de la empresa provincial, en un contexto marcado por la polémica en torno a la licitación de drones destinados a reforzar la seguridad.
La discusión se intensificó luego de que el Tribunal de Cuentas observara y frenara, a fines de diciembre, la licitación para la compra de un sistema integral de 15 drones para la Policía de Córdoba, un proceso iniciado en enero de 2025. Desde el Ejecutivo, los ministros Juan Pablo Quinteros y Miguel Siciliano negaron irregularidades y acusaron al juecismo de intentar bloquear la gestión del gobernador Martín Llaryora, especialmente en materia de seguridad pública. Las declaraciones incluyeron fuertes críticas políticas y derivaron en un cruce directo con el presidente del Tribunal, Beltrán Corvalán, quien habló de supuestos sobreprecios y comparó la licitación cordobesa con una compra realizada años atrás en Santa Fe.
Desde el Gobierno provincial rechazaron esa comparación y detallaron que la licitación observada incluye no solo drones, sino también sensores, software con inteligencia artificial, sistemas antidrones, capacitación especializada, mantenimiento y soporte integral por 18 meses, todo por un monto de 6,8 millones de dólares. Además, cuestionaron el tono del debate y señalaron que minimizar la complejidad del sistema evidencia desconocimiento técnico o mala fe.
En paralelo, la creación de una delegación del Tribunal de Cuentas en Caminos de las Sierras reavivó viejas discusiones sobre el control de las obras viales ejecutadas a través de esa empresa estatal. Mientras la oposición sostiene que este mecanismo evita controles previos, el Gobierno defiende su uso por considerarlo más ágil y eficiente. En el Centro Cívico interpretan la movida como un intento de obstaculizar la ejecución de obras, y ponen como ejemplo la demora en proyectos clave como el ensanche e iluminación del Camino a San Antonio, aún trabado en el organismo de control.
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