El Gobierno rechazó el impuesto a las emisiones de los gases de las vacas y lo calificó como “tirarse un tiro en el pie”

La propuesta de la diputada bonaerense Lucía Lorena Klug (Unión por la Patria) de imponer una “Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires” (TAMBA) —que gravaría emisiones bovinas— desató un fuerte rechazo del Gobierno nacional y del sector agropecuario. Fuentes oficiales, citadas por Infobae, consideraron la iniciativa como una medida contraproducente que “sería pegarse un tiro en el pie” para la ganadería argentina, según declaraciones de funcionarios que advirtieron sobre su impacto en la competitividad.

La propuesta busca incorporar un gravamen por emisiones de metano (producidas por eructos y procesos digestivos de bovinos) como manera de internalizar costos ambientales. Sin embargo, organizaciones del campo —como CARBAP y otras entidades rurales— rechazaron la idea al señalar que un impuesto no reduce las emisiones reales y que, en cambio, castiga a productores que enfrentan costos ya elevados, generando riesgo para el empleo rural y la producción de carne.

Desde el Ejecutivo nacional, a través de portavoces y del secretario de Coordinación de Producción (menciones en la cobertura), se sostuvo que la medida podría tener consecuencias negativas sobre la cadena productiva y las exportaciones. El debate volvió a poner en tensión dos objetivos: la respuesta al cambio climático y la defensa de la actividad agropecuaria como motor económico. Los críticos sostienen que alternativas tecnológicas y políticas de incentivo (y no impuestos directos) serían más eficaces para reducir metano. Por ahora, la iniciativa no reúne consenso y enfrenta fuerte oposición política y del sector productivo.