La fiscalía definió a Cristina Kirchner como destinataria final de los sobornos pagados por empresarios, y anunció un cronograma intensificado de audiencias para avanzar hacia las indagatorias.
En la mañana del jueves 27 de noviembre de 2025, se reanudó el juicio oral por Causa Cuadernos de las coimas con una audiencia clave: la quinta jornada, donde se completó la lectura de la acusación fiscal contra Cristina Fernández de Kirchner y otros 85 imputados.
La fiscalía, a cargo del Carlos Stornelli, presentó su requerimiento de elevación a juicio: describe un entramado de sobornos pagados por empresarios, destinados a ex funcionarios públicos, cuya finalidad habría sido asegurar contratos de obras públicas a cambio de coimas. Según la acusación, Cristina Kirchner —junto a ex funcionarios como Julio De Vido, Roberto Baratta, entre otros— habría recibido pagos ilegales. En particular, el escrito sostiene que ella fue la “destinataria final” del dinero corrupto, recibiendo sumas en sus domicilios, con un departamento en Recoleta señalado como centro de acopio.
Con la conclusión de la lectura de 678 páginas de la acusación central, el tribunal —Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) — estableció un nuevo cronograma: a partir de ahora habrá audiencias los martes y jueves, y se prevé terminar la etapa de acusación —incluyendo causas conexas por sobornos en adjudicación de obras públicas— hacia el 2 de diciembre.
La fiscalía sostiene que la estructura investigada constituyó una asociación ilícita cuyos “planes delictuales” incluyeron múltiples pagos de sobornos destinados a asegurar privilegios y contratos para empresas privadas. Entre los imputados figuran desde ex ministros hasta secretarios, señalando que el mecanismo permitió que quienes manejaban el Estado recibieran dinero a cambio de adjudicaciones.
Para la ex presidenta, actualmente bajo detención domiciliaria por otra causa — Causa Vialidad — esta jornada refuerza la acusación y la coloca en el centro del entramado. El juicio se sigue de manera mixta: mientras los jueces están en la sala del tribunal, muchos implicados participan por Zoom, una modalidad que genera críticas sobre la presencialidad y transparencia del debate.
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