En lo que constituye un fallo de relevancia histórica en la lucha contra la corrupción, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 (TOF 2) ha ordenado el decomiso de una vasta cantidad de bienes y sumas de dinero en el marco de la causa conocida como "Vialidad". Esta investigación penal por administración fraudulenta ha concluido con una medida cautelar patrimonial destinada a resarcir el perjuicio económico causado al Estado Nacional.
La resolución del TOF 2 dispone la incautación de bienes inmuebles y dinero en efectivo que, tras una actualización de sus valores, alcanzan la asombrosa cifra de $684.990.350.139,86 (casi $685 mil millones de pesos).
La medida de decomiso afecta directamente a los principales condenados y señalados en la causa, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el empresario constructor Lázaro Báez y otros implicados en el esquema de direccionamiento de obra pública vial en Santa Cruz.
El objetivo central de esta disposición judicial es recuperar los activos considerados producto del delito para compensar el enorme perjuicio económico generado a las arcas públicas. El decomiso es una herramienta legal que busca evitar que los condenados se beneficien económicamente de las actividades ilícitas por las que fueron hallados culpables.
Este paso procesal, tomado por el tribunal, marca un hito en la causa Vialidad, consolidando las consecuencias patrimoniales del fallo y avanzando en el camino hacia la recuperación de los fondos públicos desviados.
