El lunes pasado se anunció en una reunión pública una nueva política sobre el uso del gas natural. Los grupos de consumidores advirtieron que aún no se habían anunciado más planes. No dejarán de brindar asesoramiento judicial.
El pasado lunes, en la 104 reunión pública del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), mediante Resolución N° 704/2023, se explicó que habrá un nuevo aumento en los precios del gas. El mes que viene comenzarán los recortes presupuestarios y, a partir de abril, las asignaciones variarán según los ingresos. Los grupos de protección al consumidor han confirmado que pedirán que se desestime el caso.
"Nuestra organización y otras han pedido que se detenga este caso porque esta información nunca fue discutida ni proporcionada en el caso", dijo Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Protección de Derechos de Usuarios y Consumidores
(ADDUC)
Es importante recordar que todos los aumentos de tarifas de servicio deben determinarse mediante una reunión pública y el precio pagado. "La industria del gas natural es una industria única, por lo que tienen que dar razones por las que quieren subir los precios", afirmó.
Bassano explicó que los detalles recién fueron brindados durante la exposición del secretario de Energía, Eduardo Chirillo: “Recién en el día de la audiencia y en el informe que realizan las empresas, nos enteramos (…) que va a haber un incremento por la quita de subsidios y la dolarización del precio del gas en boca de pozo, que va a pasar de un dólar a 300 a uno de 800 pesos”.
El Ministro de Energía Nacional, Eduardo Rodríguez Chirillo, confirmó en un discurso que los subsidios se reducirán en un 33% cada mes en febrero, marzo y abril, y que a partir de abril los subsidios variarán según los ingresos. Hasta ahora, la situación ha variado según los grupos económicos.
Bassano respondió que la cifra era "una gran mentira" porque no tomaba en cuenta los pagos y deducciones allí. "La realidad está entre el 300 y el 400 por ciento", afirmó.
En cadena nacional, el Presidente presentó un conjunto de proyectos de ley que enviará al Congreso para prohibir el financiamiento monetario al Tesoro, sancionar el déficit fiscal con el cierre de actividades estatales no esenciales y desregular los mercados de capitales y seguros.
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