El gobierno de Javier Milei adhirió con hermetismo al Consenso de Ginebra, un acuerdo internacional que rechaza el aborto legal, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de los derechos sexuales y reproductivos en el país.
Argentina concretó su adhesión al Consenso de Ginebra, una iniciativa internacional de carácter provida impulsada por la administración de Donald Trump en Estados Unidos. El acuerdo fue firmado por el canciller Pablo Quirno y el embajador estadounidense Peter Lamelas. A pesar de la relevancia diplomática de la medida, la Casa Rosada mantuvo un estricto hermetismo y recién confirmó la decisión tres días después de la firma, luego de que la información trascendiera en medios norteamericanos y tras las insistentes consultas de la prensa local.
El Consenso de Ginebra no es un instrumento jurídicamente vinculante y no genera compromisos legales inmediatos, pero actúa como una plataforma política e ideológica. Su objetivo central es consolidar un bloque de países en organismos internacionales para frenar la promoción del aborto como un derecho de salud o método de planificación familiar, además de hacer hincapié en la defensa de la familia tradicional. Con la salida previa de naciones con administraciones progresistas como Brasil o Colombia, Argentina pasa a integrar una lista compartida mayoritariamente por regímenes autoritarios y de perfil marcadamente conservador.
Esta incorporación reactiva el debate sobre la postura del oficialismo frente a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) aprobada en 2020. Si bien el gobierno libertario considera la causa contra el aborto como un pilar fundamental de su "batalla cultural", por el momento evita impulsar formalmente la derogación de la norma ante la falta de consensos legislativos. En su lugar, organizaciones sociales y de salud advierten que la estrategia estatal se manifiesta a través del desfinanciamiento presupuestario y la reducción de programas públicos dedicados a la salud sexual y reproductiva.