El Gobierno presentó un pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para detener el proyecto Sea Lion, ubicado al norte de las islas. La iniciativa busca preservar los derechos argentinos y evitar posibles daños al medio marino, mientras avanza el reclamo jurídico contra el Reino Unido.
El Gobierno argentino presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, un pedido de medidas provisionales para frenar el desarrollo petrolero Sea Lion en la cuenca norte de las Islas Malvinas.
La presentación solicita que el Reino Unido impida el inicio o la continuidad de las actividades de explotación de hidrocarburos, se abstenga de utilizar información de exploración en perjuicio de los derechos argentinos y no adopte nuevas medidas que agraven la disputa.
La iniciativa se enmarca en el reclamo de soberanía de la Argentina y en el procedimiento de arbitraje iniciado bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, luego de que venciera el plazo otorgado a Londres para responder.
El yacimiento Sea Lion está ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas. El desarrollo está a cargo de la israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% y actúa como operadora, y de la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante.
El proyecto contempla una primera etapa de explotación con pozos submarinos y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga. Según los planes informados por las empresas, el inicio de la producción comercial está previsto para el primer trimestre de 2028, con perforaciones de desarrollo programadas para 2027.
La Argentina sostiene que estas actividades se realizan de manera unilateral en una zona alcanzada por la disputa de soberanía y advierte sobre sus posibles consecuencias ambientales.
El pedido argentino busca que el tribunal adopte medidas urgentes mientras se constituye el tribunal arbitral. Sin embargo, la presentación no implica que las restricciones solicitadas ya hayan sido concedidas: la decisión dependerá de la evaluación jurídica del organismo internacional.
La Convención establece que las medidas provisionales que disponga el tribunal pueden ser obligatorias para las partes. Uno de los antecedentes citados por la Argentina es el caso de la fragata ARA Libertad, cuando el organismo ordenó en 2012 su liberación tras haber sido retenida en Ghana.
La controversia presenta, de todos modos, una particularidad: la disputa por la soberanía de las Malvinas constituye un elemento central y la competencia de los tribunales internacionales para abordar los planteos será una cuestión jurídica relevante.
El Reino Unido, por su parte, rechaza la posición argentina y sostiene que las actividades petroleras cuentan con autorización de las autoridades de las islas.
La Cancillería argentina reafirmó que el país continuará defendiendo sus derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y reiteró el llamado al Reino Unido para retomar las negociaciones bilaterales sobre la soberanía.
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