Por una ajustada votación, el Parlamento Europeo resolvió someter el tratado con el Mercosur al control del Tribunal de Justicia de la UE, lo que suspende su ratificación política y abre un escenario de definiciones judiciales y decisiones clave a nivel gubernamental.
El Parlamento Europeo votó este miércoles elevar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur ante la Justicia europea para evaluar su compatibilidad con los tratados comunitarios. La moción fue aprobada por 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, una diferencia mínima que reflejó la fuerte división interna sobre el histórico tratado firmado el último fin de semana, tras más de 25 años de negociaciones.
Con esta decisión, el proceso de ratificación queda en pausa hasta que el Tribunal de Justicia de la UE emita un fallo. Si bien la Justicia no puede bloquear el acuerdo de manera definitiva, sí podría señalar errores parciales que obliguen a realizar correcciones. Los plazos previstos inicialmente para la primavera boreal podrían extenderse incluso hasta 2027.

Pese al bloqueo parlamentario, el acuerdo aún podría aplicarse de forma provisional si así lo deciden la Comisión Europea y los gobiernos nacionales, una opción legalmente posible pero políticamente sensible, ya que implicaría avanzar pese al pronunciamiento del Parlamento. La definición dependerá de notificaciones mutuas entre las partes y de la voluntad política de los Estados miembros.
El debate se da en un contexto de fuerte presión social, con protestas de agricultores europeos contra el acuerdo, y de alto costo económico: un informe del Ecipe estima que los retrasos ya provocaron pérdidas por 183 mil millones de euros en exportaciones, cifra que podría superar los 215 mil millones si no se ratifica en 2026. Así, el futuro del acuerdo UE–Mercosur queda condicionado a una compleja combinación de decisiones judiciales y políticas en los próximos meses.