La Libertad Avanza abrió conversaciones con el PRO, la UCR y bloques provinciales para destrabar el Presupuesto 2027 y reunir los votos necesarios para avanzar con su agenda legislativa. Entre las concesiones figuran recuperar límites a la compra de tierras por extranjeros, modificar la reforma en Discapacidad y discutir fondos para obras en las provincias.
El oficialismo en la Cámara de Diputados flexibilizó su postura frente a los reclamos de sus aliados parlamentarios y comenzó a negociar cambios en iniciativas clave para garantizar respaldo legislativo. Las conversaciones incluyen modificaciones vinculadas con la extranjerización de tierras rurales, el financiamiento de las prestaciones por discapacidad y la distribución de recursos para obras públicas en el Presupuesto 2027.
La estrategia de La Libertad Avanza apunta a fortalecer los acuerdos con el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y los bloques provinciales, en un escenario en el que el Gobierno necesita sumar voluntades para avanzar con su agenda económica y política.
Uno de los principales puntos de negociación es la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado y comenzará a tratarse en Diputados.
El oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para el miércoles 14 de octubre, con la intención de avanzar en el debate antes de la sesión especial solicitada por la oposición para el jueves 15.
En ese marco, los libertarios evalúan incorporar un capítulo referido a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La iniciativa busca responder a un reclamo de los bloques dialoguistas, que cuestionaron la eliminación de las restricciones establecida mediante el DNU 70/23.
Una de las alternativas que reúne mayor respaldo consiste en restablecer el límite del 15% de la superficie rural de cada provincia o municipio en manos extranjeras, aunque todavía no existe una redacción definitiva y algunos sectores proponen porcentajes diferentes.
La discusión volvió a cobrar fuerza luego de que la Corte Suprema dejara sin efecto una sentencia judicial que había frenado la desregulación de la Ley de Tierras.
Con esta modificación, el Gobierno busca ofrecer una respuesta a sus aliados sin avanzar en una derogación integral del decreto de desregulación económica.
Otro de los puntos sensibles de la negociación es el financiamiento de las prestaciones por discapacidad.
Según trascendió de las conversaciones encabezadas por el presidente de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, el oficialismo se comprometió a retirar la reforma del área que estaba incluida en el proyecto de Presupuesto 2027 y avanzar con una nueva iniciativa.
El nuevo texto recuperaría varios aspectos de la Ley de Emergencia en Discapacidad, entre ellos:
Sin embargo, todavía quedan reclamos pendientes de los bloques aliados. Entre ellos figuran una definición precisa sobre la actualización mensual de las prestaciones según la inflación y un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas.
El oficialismo prevé llevar el tema al recinto el 21 de octubre, mientras continúan las conversaciones para conseguir los apoyos necesarios.
Las conversaciones también alcanzaron el financiamiento de las universidades nacionales y las obras públicas previstas para el próximo año.
Durante la reunión con Guberman, representantes de la UCR reclamaron preservar los recursos destinados a las casas de altos estudios. Por su parte, los bloques provinciales pusieron el foco en las partidas para infraestructura, especialmente en las obras viales que se ejecutarán en sus distritos.
La distribución de esos fondos podría convertirse en una herramienta central para consolidar acuerdos entre la Casa Rosada y los gobernadores.
Para las provincias, la discusión presupuestaria no se limita a las partidas generales: también incluye compromisos concretos sobre proyectos de infraestructura y la continuidad de obras consideradas prioritarias.
Detrás de las negociaciones legislativas aparece otra iniciativa central para el Gobierno: la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
La reforma política requiere el respaldo de los gobernadores, especialmente de aquellos que tienen peso parlamentario en las provincias del norte del país.
En ese escenario, los mandatarios provinciales siguen de cerca tanto las partidas presupuestarias como los movimientos de La Libertad Avanza en sus territorios. Algunos sectores descartan una alianza electoral con el oficialismo, aunque esperan señales sobre el papel que tendrá el partido gobernante en las próximas elecciones provinciales.
De esta manera, el Presupuesto 2027 y las modificaciones legislativas se convierten en piezas de una negociación más amplia, en la que el Gobierno busca asegurar apoyos para sus proyectos mientras los bloques dialoguistas intentan obtener respuestas a sus principales demandas.
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