Córdoba: casi la mitad de los inicios de clases terminaron en paro desde 2000

En Córdoba, el inicio de clases dejó de ser una simple fecha del calendario para convertirse en un termómetro de conflicto. Desde el año 2000 hasta 2026 hubo 27 comienzos de ciclo lectivo y en 12 de ellos —incluido el próximo 2 de marzo, en adhesión a la medida de CTERA— el arranque estuvo marcado por paros. El 44% de las veces, la excepción fue la regla.

El fenómeno admite dos lecturas. La primera es institucional: el sistema educativo argentino carece de mecanismos eficaces para cerrar la paritaria antes del inicio del ciclo lectivo. La Nación fija lineamientos y parte del financiamiento; las provincias pagan salarios y gestionan escuelas; los gremios negocian en ambos niveles. La responsabilidad compartida diluye soluciones y el conflicto se vuelve parte del engranaje.

La segunda lectura es política. La posición que adopta la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) suele estar en sintonía con lo que define CTERA a nivel nacional. Los datos muestran variaciones según el clima político: entre 2004 y 2008, durante los primeros años del kirchnerismo, no hubo interrupciones en el primer día de clases. En cambio, durante la gestión de Mauricio Macri, tres de los cuatro inicios estuvieron afectados por medidas de fuerza.

Con el regreso del kirchnerismo al poder en 2019, bajo Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, el vínculo con los gremios se estabilizó y hubo cuatro comienzos consecutivos sin paro, en parte atravesados por la pandemia. Desde 2023, con Javier Milei en la Casa Rosada, se acumulan cuatro arranques consecutivos con conflicto.

En el plano provincial, los gobernadores tampoco quedaron al margen. Juan Schiaretti afrontó seis inicios con paro; José Manuel de la Sota, tres; y Martín Llaryora no logró hasta ahora que el ciclo escolar comience con normalidad.

Más allá de los matices políticos, el reclamo salarial docente tiene sustento: según el gremio, desde 2023 la pérdida de poder adquisitivo supera el 13% nominal y ronda el 20% en términos reales. Sin embargo, el problema de fondo no es la legitimidad del reclamo, sino la naturalización de un esquema donde el conflicto se repite año tras año sin resolverse.

El costo, como suele ocurrir, lo pagan los sectores más vulnerables. Para muchas familias, la escuela no es solo educación: es comedor, contención y organización diaria. Cuando no hay clases, no hay red que lo reemplace.