El informe final de la comisión recomienda al Congreso evaluar un juicio político al Presidente por mal desempeño y denuncia a funcionarios por obstrucción.
La Comisión Investigadora del caso $LIBRA ha concluido su trabajo y presentó su informe final en la Cámara de Diputados, arrojando serias acusaciones contra el presidente Javier Milei. Tras tres meses de exhaustiva indagación, el documento sostiene que el primer mandatario prestó una “colaboración imprescindible” en lo que la comisión considera una maniobra que podría constituir una estafa con criptomonedas.
Según el informe, la supuesta maniobra se habría basado en la promoción de la moneda digital $LIBRA por parte del Presidente al momento de su lanzamiento. Esta promoción generó un significativo y repentino aumento de la demanda de la criptomoneda, un pico que habría sido aprovechado posteriormente por sus impulsores para concretar la presunta estafa. El informe implica directamente a la figura presidencial en la creación de un clima de confianza que resultó fundamental para el éxito inicial de la operación financiera.
Las conclusiones del informe final no se limitan a la crítica, sino que incluyen recomendaciones de alto impacto institucional. La Comisión sugiere formalmente al Congreso de la Nación que evalúe si la actuación del presidente Javier Milei constituye "mal desempeño" de sus funciones, lo que abre la puerta a un potencial proceso de juicio político.
Además de la recomendación dirigida al Poder Legislativo, el informe también pide la denuncia penal de aquellos funcionarios que, según la Comisión, habrían promovido la obstrucción de la investigación parlamentaria a lo largo de los tres meses de trabajo. Esta medida busca garantizar que se investiguen los intentos de interferencia en el trabajo legislativo y esclarecer el alcance total del entramado detrás de la criptomoneda $LIBRA.
La presentación de este informe desata una nueva crisis política, colocando al Presidente en el centro de una investigación por presuntas irregularidades financieras y abriendo un debate crucial sobre la responsabilidad política y penal de los más altos funcionarios del Estado.
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