La Oficina Anticorrupción (Arca) y el Gobierno formalizaron acciones penales contra una financiera ya señalada en el escándalo de las coimas en la Agencia de Discapacidad, ampliando el foco a delitos de evasión y supuesto lavado de activos.
El escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (AND) sumó un nuevo y resonante capítulo, con la presentación de denuncias formales que apuntan directamente a una financiera que mantiene lazos con el entorno de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA. La Oficina Anticorrupción (ARCA) no solo se sumó a las investigaciones preexistentes, sino que también elevó la apuesta al denunciar a la entidad por lavado de dinero, mientras que el Gobierno hizo lo propio por evasión impositiva y otros supuestos delitos.
La financiera en cuestión ya había quedado bajo la lupa de la Justicia al ser el vehículo por el cual se habrían canalizado los pagos irregulares dentro de la AND. Los cheques destinados a personas con discapacidad o relacionados con el organismo eran presuntamente descontados o negociados a través de esta firma, a cambio de onerosas comisiones, un mecanismo que habría servido para enmascarar la ruta del dinero ilícito.
Las nuevas denuncias giran en torno a presuntas maniobras de evasión fiscal y una sofisticada operación de lavado de activos. Esto sugiere que la financiera no solo habría actuado como intermediaria en la red de coimas, sino que su operatoria general presentaría irregularidades graves en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el origen de los fondos que maneja. La investigación busca determinar si la entidad habría omitido declarar ingresos sustanciales o si habría participado en movimientos de capital para blanquear dinero de origen desconocido o ilegal.
La conexión con el fútbol, a través de la figura de Tapia, le otorga una dimensión adicional al caso. Si bien se insiste en que Tapia no está directamente imputado en la maniobra, la cercanía con los responsables de la financiera pone un manto de sospecha sobre el entramado de negocios que rodea a figuras del deporte.
Este accionar judicial por parte de los organismos gubernamentales demuestra la intención de profundizar la investigación más allá del desvío de fondos en Discapacidad, buscando desarticular una posible estructura financiera dedicada a la comisión de delitos económicos de mayor envergadura. El caso promete seguir sumando revelaciones, afectando tanto a la esfera política como a la económica, y obligando a las autoridades a revisar los controles sobre este tipo de entidades no bancarias.
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